Un equipo conformado por investigadoras del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB), la organización humanitaria Humanity & Inclusion (HI) y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) ganó un fondo de financiamiento para contribuir a la reducción de la violencia de género en Bolivia, anunciaron hoy el Grupo Banco Mundial y la Iniciativa de Investigaciones sobre Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés).
The 2020 Development Marketplace: Innovations to Address Gender-Based Violence award, es una competencia anual creada conjuntamente por el Banco Mundial y SVRI para apoyar a investigadores en todo el mundo a encontrar soluciones innovadoras que ayuden a personas, comunidades y países a prevenir y responder a la violencia de género. Este año se presentaron 250 proyectos a escala global.
La iniciativa ganadora busca contribuir a la prevención y atención de la violencia contra mujeres en Bolivia a través de la adaptación y puesta en práctica de un modelo de intervención basado en agentes comunitarias, que son mujeres que sufrieron violencia de género y se formaron posteriormente para orientar, remitir, derivar y dar seguimiento a casos de mujeres en situación de violencia, promoviendo su acceso a servicios de justicia. Este modelo es actualmente implementado en El Alto por el Centro Gregoria Apaza.
Además, el proyecto incorporará a mujeres con algún tipo de discapacidad, migrantes, indígenas, y niñas y adolescentes. La idea es multiplicar el impacto y la sostenibilidad del modelo para que luego sea replicado a nivel nacional y se lo implemente como parte de la política pública en esta área.
«Los impactos de la violencia de género van mucho más allá del daño significativo e inmediato a las víctimas y se manifiesta en impactos en la salud, ausentismo y pérdida de productividad en la fuente laboral, pérdida de ingresos para las familias, y efectos en las siguientes generaciones. Los costos para la sociedad son graves y constantes”, dijo Caren Grown, directora global de Género en el Grupo Banco Mundial. “A través de los premios Development Marketplace, investigadores alrededor del mundo están ayudando a acelerar los esfuerzos para prevenir y abordar la violencia de género.”
Por su parte, Elizabeth Dartnall, directora ejecutiva de SVRI, opinó que “la investigación y la aplicación de sus hallazgos es esencial para entender los causantes de la violencia y los contextos en los que este flagelo se desarrolla y, de esta forma, identificar los caminos para lograr un cambio social sostenido para acabar con la violencia contra mujeres y niñas”.
En los últimos cuatro años, el Grupo Banco Mundial y SVRI han premiado con US$5 millones a 50 proyectos de investigación de 32 países de ingreso bajo y medio. El premio se entrega en memoria de todas las víctimas de la violencia de género, incluyendo a Hannah Graham, hija de un funcionario del Grupo Banco Mundial. Este año, el premio Development Marketplace apoyará investigaciones de Bolivia, Brasil, Camboya, India, Jordania, Serbia, Sudáfrica, Vietnam, y a un equipo de investigación global.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres a nivel global ha sido víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de terceros en algún momento de su vida. Peor aún, existe evidencia suficiente para afirmar que durante la pandemia por COVID-19 la violencia contra mujeres y niñas, especialmente la de tipo doméstico, se ha intensificado en todo el mundo debido al confinamiento y a la falta de acceso a servicios de protección.
Bolivia ha hecho importantes avances en la reducción de las brechas de género y el abordaje de la violencia de género. Hay mejoras sustanciales en el acceso de las mujeres a la educación, la salud, la propiedad de la tierra y los cargos públicos a través de varias leyes y reglamentos, así como una reestructuración institucional. La aplicación de la paridad y la alternancia en el sistema político, por ejemplo, tiene repercusiones directas en la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional y local. También hay un desarrollo interesante en el marco jurídico para responsabilizar al Estado de salvaguardar los derechos de las niñas y las mujeres. A pesar de todas estas acciones, siguen existiendo desafíos significativos.